La propaganda del Gobierno de Jujuy, que intenta maquillar una gestión sanitaria «robusta» para despegarse del ajuste nacional, se desmorona por completo en los pasillos del Hospital Pablo Soria. Detrás del relato oficial, el Ministerio de Salud y las autoridades provinciales esconden un sistema de pagos deficiente que generó deudas crónicas con los proveedores. Como consecuencia, las distribuidoras retienen los fármacos oncológicos, desnudando una total falta de previsión financiera que deja a decenas de pacientes sin su tratamiento.
La complicidad por inacción llega hasta la cúpula directiva del nosocomio. Los directivos del hospital demuestran una alarmante falta de pericia e incapacidad absoluta para destrabar la burocracia administrativa interna que mantiene los expedientes completamente paralizados, ignorando el carácter urgente de la salud oncológica.
Esta ineficiencia administrativa tiene un costo médico devastador. La brutal demora en la entrega de las drogas rompe la ventana terapéutica indispensable para los pacientes, dejando a los médicos oncólogos atados de manos y trabajando a ciegas, ya que les resulta imposible evaluar la efectividad real del tratamiento o frenar de forma eficaz el avance de la enfermedad.
La desatención humana y el abandono son explícitos: el protocolo de la farmacia del hospital dice que los remedios deben entregarse en un máximo de 15 días, pero la desidia estatal ya estiró la espera a 50 días de incertidumbre total. Las normativas internas de la institución se volvieron una burla y letra muerta, violando de manera flagrante el derecho a la salud de los jujeños.